Sale o Sale (salió)

Un día como hoy pero el día del maestro, en plena semana pasada, un tal Franco Vitali, ignoto personaje que dijo ser co-director del Suplemento Ni a Palos vaya uno a saber junto a qué otro pelandrún de cuarta, se apersonó en las Audiencias Públicas organizadas para debatir la ley que seguro seguro sale o sale ayer, ante la atenta mirada del compañero Julio Piumato, y pronunció las palabras que se ven en los videos que abren este post y que, un poco mejor, se reproducen aquí abajo en su versión escrita. Se agradece a la blogósfera en general por el aporte constante de argumentos y datos, y a los amigos Caniches y otros compañeros que bancaron la parada en la audiencia. Además, gracias a un esfuerzo de producción y por medio de un operativo de comunicación inter-provincial que involucró tecnologías tan pero tan pero tan modernas que la semana pasada no estaban reguladas pero que, a partir de hoy, sale o sale, casi lo estan y falta poquito, conseguimos la colaboración de nuestro amigo el Radical Z Lucas Carrasco que, via speakerphone en plena teleconferencia aportó el eje civilización-barbarie a este speech, momento del cual fue festejado por la orda de amordazadores presentes en el acto. También se agradece al compañero Miguel y a Maia.

Un día peronista para festejar, salió nomás.

Ponencia para la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales
Por Franco Vitali, Director del Suplemento Joven “Ni a Palos”, del Diario Miradas al Sur

Señor Presidente, Señores Diputados y Senadores, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, representantes de los distintos agrupamientos empresarios y de la sociedad civil, y demás presentes, quiero agradecer profundamente la oportunidad de expresar mi opinión y punto de vista en esta oportunidad, por demás inédita, en la historia de nuestra democracia.

Digo oportunidad histórica porque creo que hubiese sido maravilloso para la salud de la República (que hoy, por suerte, se defiende acaloradamente desde los grandes medios de comunicación) que, así como estamos debatiendo esta ley, se hubiese debatido, por ejemplo, la ley de Flexibilización Laboral de De la Rúa.

Porque esta ley, si se aprueba, va a tener millones y millones de beneficiarios que accederían a una mayor cantidad de diversidad en la información y a un abaratamiento en los servicios de comunicación. También es cierto (no lo negamos) que si se aprueba esta ley, un pequeño grupo de gerentes desconocidos dejará de manejar la información como herramienta de acumulación de poder político y financiero, y permitirá a la sociedad contar con mayor cantidad de prismas desde donde nutrir su parecer, su cultura y finalmente su decisión.

En cambio (y sólo por poner un ejemplo) la ley de Flexibilización Laboral se aprobó en 7 apresurados días, sin audiencias públicas, con un debate bancarizado, tuvo millones y millones de damnificados y sólo unos cuantos que pasaron de millonarios a multimillonarios.

¿Qué hubiera pasado con la salud de la República si el Congreso hubiera debatido, siquiera un poco más, la famosa Ley de Reforma del Estado? No soy médico de la salud republicana y no quiero meterme en ese oficio tan distinguido, solamente me lo pregunto. Porque, en ese momento, Menem consiguió en menos de un mes, repito: en menos de un mes; privatizar, además de casi todas las empresas públicas, los canales 11 y 13, las radios Belgrano y Excélsior y otros medios que por tradición, sentido común y justicia eran del Estado. ¿Se le subió la fiebre, se atacó de intolerancia, brotó el autoritarismo en la delicada salud republicana? Pues se nos informó que el paciente, por el contrario, maduraba y crecía, conforme a los estándares globalizados que, tras la caída del muro, afectaban la otrora sana y hoy frágil salud republicana.

Pero bueno. Acá estamos, debatiendo finalmente, y luego de 26 años “a las apuradas”, cómo subsanar esta mancha heredada por la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Un debate apasionante y necesario, que desgraciadamente ha sido bautizado por el Grupo Clarín con el nombre de “ley k de control de medios” tratando de reducir el impacto de una nueva ley que no va a regular la capacidad de investigación y análisis que quede en algunos de sus periodistas, sino, más bien, poner freno en la voracidad del monopolio cuyo fin no es la libertad de expresión sino solo la presión para conseguir más. Esta ley no es contra Clarín, sino para evitar la monopolización de la palabra, la ley no prohíbe a Clarín ni a nadie, solo pone límites a los negocios, no a la palabra.

Lamentablemente la ciudadanía no ha tenido oportunidad de escuchar estas audiencias masivamente. Los medios que reclamaban debate decidieron que no era necesario hacerlo en el Congreso, por donde no aparecieron sus gerentes, sino que como hacen siempre prefieren darlo en donde son Juez y Parte, los medios que son de su propiedad. Las opiniones, como la mía y las de muchos más, que apoyan el debate sobre la nueva ley con más o menos correcciones, son enlatadas en microsegundos o micro párrafos en contraste con las soporíferas e interminables explicaciones de quienes hablan de una supuesta mordaza. En el mar de los monopolios nuestras opiniones son simples gotitas.

Y es que, de entrada, nosotros, los que no somos mayoría pero somos propositivamente la primera minoría clara, al visibilizar un debate sistemáticamente negado, nos tenemos que poner a la defensiva.

Repasemos, entonces, cuáles son las criticas más fuertes que se han ido ensayando para deslegitimar este proceso de discusión. Y cuando digo ensayando, me refiero a que se ha ido cambiando la carnada para ver qué se pesca. Veamos:

Primero, la velocidad que se le imprime al debate.

Segundo, la supuesta falta de legitimidad de este cuerpo legislativo para tratarla.

En tercer lugar, la supuesta intencionalidad de la reglamentación de censurar o controlar a los medios.

La primer crítica ha quedado semirefutada al principio de esta exposición. Innumerable cantidad de leyes de importantísima trascendencia para todos los argentinos se han votado a sus espaldas, de manera fugaz, sin intervención de las minorías legislativas, ni de las mayorías populares. La motivación que existe al calificar de acelerado un debate que lleva 26 años de transcurso es tan inconfesable que se ha recurrido a todo tipo de artimañas para oscurecer un proceso que, en términos de calidad institucional, ha sido impecable. A saber: el Poder Ejecutivo anunció que iba a mandar este proyecto en la apertura de sesiones legislativas de este año, antes de que cualquier resultado electoral sea remotamente previsible. Posteriormente, la Presidenta instó a que se debata ampliamente el anteproyecto producido por el Ejecutivo. Se realizaron debates a lo largo y ancho de la nación, debates que fueron invisibles a los ojos de los jefes de redacción de varios diarios de gran tirada. Ahora, luego de reclamar este debate en el que hoy estamos presentes, también han decidido silenciarlo. La primer crítica es, sin dudas, impresentable.

Al respecto de la segunda objeción mencionada, y apelando a la honestidad intelectual de los señores legisladores, basta una observación para derrumbarla. Si este Congreso, hace 30 días o un poco más, tenía legitimidad para derogar las retenciones, tiene la misma legitimidad hoy para dictar una ley que regule los servicios audiovisuales. Imaginemos la siguiente situación hipotética: la ley de medios se aprueba, pero nuestra Presidenta decide vetarla en ejercicio de facultades constitucionales. ¿Cómo sería calificado ese veto por el diario Clarín? ¿Como un arrebato del poder tiránico o como un ejercicio de mesura, diálogo y consenso? Al respecto de la legitimidad de este cuerpo, otros argumentos de la misma índole pueden encontrarse fácilmente en el articulado de la Constitución Nacional, a la que ciertos jefes de redacción, obsesionados por un institucionalismo de fuentes muy paganas, deberían remitirse por lo menos una de cada tres veces en que pontifican sobre saberes que los superan, pero que siempre coinciden con los deseos de sus preocupadísimos jefes.

En cuanto a la tercer y última gran crítica que se esgrime al respecto de que el objetivo de este proyecto es el de controlar a los medios, viene bien explayarse un poco más, porque es un tema ciertamente sensible, no sólo para empresarios que fueron capaces de brindar con Videla, sino en honor de los verdaderamente silenciados, humillados y negados. En los últimos cuatro años la sociedad ha sido expuesta permanentemente a la idea de que en nuestro país no hay libertad de expresión. La libertad de expresión peligra en cada esquina de la patria. La censura acecha día a día la sana labor periodística de honorables ciudadanos argentinos. Lo gracioso es que esta censura se anuncia a los cuatro vientos con toda la potencia de uno de los grupos monopólicos mediáticos más poderosos del continente. Esta es la censura más potente que se recuerde, es el silenciamiento de más alto voltaje, es la contradicción más disparatada en la que incurre el mudo que trabaja de barítono. ¿Cómo es posible semejante cosa?

Como dice Raul Degrossi, en Argentina se puede criticar al gobierno, a la presidenta, a los funcionarios, a los jueces, a los empresarios, y sobre todo a los sindicalistas, porque de eso se trata la libertad de expresión. Pero no se puede cuestionar un artículo, una nota, un editorial, a un periodista o la orientación de un medio de comunicación, porque eso es censura.

Se puede mostrar a personas desnudas en el cine, en el teatro, en la televisión y en Internet, aunque sean menores de edad y esté penado por las leyes, o vaya en contra de sus derechos. Pero no se puede mostrar el rostro del principal ejecutivo del Grupo Clarín, porque eso es un ataque a la libertad de prensa.

Se puede conocer el patrimonio de los funcionarios públicos, desde la Presidenta para abajo, accediendo por Internet a sus declaraciones juradas. Pero no se puede conocer en detalle quienes son los verdaderos propietarios de algunos medios de comunicación, o cuánto ganan mensualmente algunos periodistas estrella de la radio y la televisión que pontifican sobre la honestidad, la ética y la transparencia.

¿Somos todos iguales, o algunos son más iguales que otros?

Este clima que se ha instalado es ridículo. No se puede alegar que hay constantes violaciones a la libertad de prensa desde el mismo medio que se presenta como censurado. Es un contrasentido fáctico que debería estar fuera de esta discusión, ante una actividad periodística cada día más cuestionada por la sociedad ante la absoluta carencia de imparcialidad y por el bruto atropello a los principios que rigen la profesión.

Hay un aspecto particularmente curioso en este montaje mediático papelonero. De un día para el otro el Grupo Clarín pasó a llamar a la Ley de Servicios Audiovisuales, ley K de control de medios. Este nombre no es producto de la interpretación periodística sino mas bien de la interpretecion empresarial. Sin más explicación ni razonamiento para semejante acusación que la repetición mecánica de la frase a través de todos sus diarios, radios, canales y periodistas empleados. ¿Cual es el objetivo de este método? ¿Qué se esconde detrás de esta mecánica? Anular todo el debate de fondo para que nos dediquemos a discutir la validez de esa premisa: si esta ley es para censurar o no es para censurar.

Esta Ley de Servicios Audiovisuales no contiene en su articulado ni una palabra que pretenda regular la calidad o el tenor del contenido de la información que se provee desde los medios de comunicación. Por el contrario, la que está vigente actualmente sí faculta al poder ejecutivo a ejercer la censura previa ante amenazas a la seguridad nacional, concepto jurídico vago si los hay, que habilita a todo tipo de interpretaciones sobre cuándo efectivamente opera esa causal.

Sabiendo que es inútil debatir con quien no quiere escuchar, intentaré manifestar los puntos que considero más importantes.

¿Cuales son las bondades de esta Ley? Mucho se ha hablado aquí, y en la comisión que preside el Diputado Baladrón, y en los foros que se han realizado en todo el país. Sin embargo, nos gustaría resaltar tres aspectos que nos parecen fundamentales.

El primero que queremos rescatar hace al interés de los Señores y Señoras Diputadas y Senadores en su íntima relación con el sistema federal y la distribución geográfica del poder en la Argentina. La concentración permite que el futuro del país entero se juegue en la rutina diaria del porteño o el habitante del gran Buenos Aires. La concentración monopólica ha convertido en tema de interés nacional la duración de un corte en el puente Pueyrredón, o el estado de los postes de luz en una esquina de Palermo, o el tamaño de las piedras que cayeron sin llover en José C. Paz, o la decisión de agregar una mano a la Avenida Pueyrredón. Para un desarrollo equitativo en todo el territorio nacional es fundamental tener medios de comunicación cuyos capitales e intereses estén ligados al destino de sus provincias. Mientras todos los medios estén ligados al capital de la gran ciudad, no habrá independencia informativa ni producción local de contenidos para las distintas regiones del país y seguiremos, todos los argentinos, viviendo a merced del humor, las prioridades y los problemas de los ciudadanos de dos o tres barrios acomodados de la Capital Federal.

En segundo lugar, la sanción de esta Ley representa una oportunidad simbólica de recuperar el rol que la Constitución Nacional asignó a la política y a los representantes electos dentro del sistema de poder nacional. Sancionar la Ley de Medios de la democracia después de 26 años de intentonas pone las cosas en su lugar. Es una oportunidad para que este Congreso demuestre a la sociedad que es quien verdaderamente tiene la atribución de sancionar las leyes, velando por el interés general y no sucumbiendo a la presión de las corporaciones económicas.

Si hay algo que no se le ha criticado al kirchnerismo fue su habilidad para, después de la debacle del 2001, reconstruír la autoridad presidencial y renovar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este Congreso, que estuvo ausente del debate político durante muchos años y que ha tomado vigor en la dinámica del poder en estos últimos, ha fallado aún en la tarea de demostrarle a la sociedad que es uno de los Tres Poderes del Estado, y que su autoridad es superior a la presión que las corporaciones económicas ejercen sobre él. Los diputados no representan a sectores económicos, representan al conjunto del pueblo y deben velar por su interés y bienestar general.

En tercer y último lugar, quiero resaltar el aporte que significaría para la difusión y la transmisión de la cultura nacional, entendida en su dimensión más rica y profunda. La cultura es fundamental para el desarrollo de cualquier nación y la trasmisión de esa cultura hace a su enriquecimiento. En el actual sistema de medios no hay lugar para una porción significativa de voces que hacen a la esencia de nuestra identidad como pueblo. El tercio de las licencias que les corresponderían a las organizaciones de la sociedad civil representa un avance inconmensurable en términos culturales. La cultura nacional sería absolutamente fría, superficial y aburrida si fuera, como se la presenta desde los grandes medios de comunicación, sólo lo que tuvo alguna determinada medida de éxito en su época. Más bien, la cultura de un pueblo se encuentra en lo que no se ve a primera vista, en lo que el mercado no premia. Gran parte de lo que nos identifica como país en términos culturales, tiene que ver con la crítica que los sectores marginados hacen del sistema. Por poner un ejemplo, la cultura del peronismo en sus épocas de proscripción, de persecución y censura enriqueció a todo el conjunto de la cultura nacional al plantear un conjunto de valores absolutamente contrapuestos a los imperantes.

Los sucesivos conflictos que ha tenido el peronismo con la prensa, que a su vez ha sido el resultado de correlaciones de fuerzas sociales, tienen que interpretarse como parte del clivaje político nacional, o por lo menos como una de sus aristas.

Cuando uno habla del derecho a la pluralidad de voces, las empresas de medios, casi hasta de manera culposa, se defienden alegando que hacen participar a “la gente” a través de los llamados telefónicos, a través del notero que le pregunta al padre que acaba de perder a su hijo qué es lo que siente, o a través del televoto y la encuesta en internet. Según su visión cualquiera puede aparecer en la tele.

Lo que esconde esa visión es que siempre hay una decisión de política editorial que define quién es el que habla o en todo caso sobre qué. Es mentira, ya no para mí, sino para la normativa internacional en derechos humanos en materia de libertad de expresión, que un monopolio respete el derecho de pluralidad sólo por el hecho de fomentar una supuesta participación.

Si así fuera, una nueva ley de medios, con un espíritu contrario a la vigencia de los oligopolios y con afán democratizador, sería innecesaria. Pero, en ese caso, el debate hegemónico en los medios de comunicación estaría centrado en un "Sí o No a la Ley de Medios”. En cambio, el debate está puesto en su oportunidad, en la "autoridad de aplicación" o en la sicología oculta de quienes la impulsan, porque no podrían jamás sincerar su beneplácito con la legislación actual.

Quienes no nos sentimos representados por el sistema hegemónico comunicacional, hemos debatido en foros nacionales durante varios años, tomando el espíritu de apertura y democratización del gobierno de Alfonsín, que intentó, sin éxito, discutir una reglamentación que reemplace a la de la dictadura. Las argumentaciones para bochar el intento de Alfonsín fueron las mismas que se escuchan hoy. Nuestras argumentaciones, también.

Una parte importante de la población, no decimos la mayoría, probablemente sólo una parte, si se quiere un 33%; no se siente representada en sus valores, creencias y cotidianeidades por los medios de comunicación. Se siente, por el contrario, negada, vilipendiada, y muchas veces humillada. Hay una literatura que no se ve reflejada, una historia que no se ve reflejada, una práctica política que no se ve reflejada... en fin, todo un sistema de valores y de ideas que no se ve reflejado.

Quienes creemos que la vida nacional está atravesada por la dicotomía civilización y barbarie, solemos ser la barbarie. Quienes creen que esa división está superada, suelen ser señores muy civilizados. Nosotros sinceramente creemos que la discusión democrática institucional debe partir necesariamente de la base de aceptar la existencia del otro. La dicotomía no está superada, subyace a todos los problemas de la vida nacional, y aceptarla, abrazarla, institucionalizarla y formalizar su existencia es dar el primer paso hacia una democracia real y no sólo formal. 33% para la civilización, 33% para la barbarie, y el resto lo definimos democráticamente.

Podemos y queremos discutir democráticamente estos conceptos, pero es inaceptable que estas definiciones de alto contenido político e importancia estratégica y cultural se tomen a nivel empresarial, o que estén sometidas únicamente a las leyes de mercado.

El tercio de licencias adjudicadas en el proyecto consensuado que presenta el poder ejecutivo, posibilita que otras voces, fuera de las lógicas de empresarios diversificados que disputan el sentido, puedan, también, expresarse.

Hay una rica experiencia en el campo social de amplios y muy diversos sectores que deberían tener su ámbito de comunicación, relacionamiento, expresión y difusión, sin que esto anule otros medios con otras y legítimas lógicas. Las grandes empresas deberán garantizar su audiencia no por la potencia arrasadora de su estructura monopólica, sino por medio de la calidad de sus contenidos.

Nosotros vemos este proyecto como abarcativo, complementario, integrador, plural y diverso. Otros sectores lo ven como una amenaza. Habrá que preguntarse porqué; y en esa sola pregunta, cabe toda la legitimidad de nuestro planteo comunicacional.